facebookgooglelinkedinsearchtwittervimeoyoutubeemail
Ley corta anti-delicuencia: Receptación y sus implicancias para la empresa

Ley corta anti-delicuencia: Receptación y sus implicancias para la empresa

Los cambios a la ley exigen nuevas obligaciones a quienes desarrollen actividades comerciales o de reparación de bienes nuevos o usados.

• Modificaciones incorporadas por la llamada agenda corta anti-delincuencia

Uno de los cambios de la Ley 20.931 fue la incorporación del delito de receptación, contemplado en el artículo 456 bis A del Código Penal, como nuevo delito base al catálogo de la Ley Nº 20.393 y, a la vez, dispuso que tratándose de este delito base, las penas aplicables a la persona jurídica serán las que la Ley N° 20.393 establece para los simples delitos:

a) prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado;
b) pérdida de beneficios fiscales o prohibición absoluta de recepción de los mismos de dos a tres años;
c) multas de hasta 20.000 U.T.M., agregándose, en cualquiera de estas penas, la aplicación de penas accesorias mencionadas en el artículo 13 de la ley.

El nuevo texto de la Ley 20.393 contempla una norma bastante severa en caso de reincidencia: el tribunal podrá imponer la pena de disolución o cancelación de la personalidad jurídica, regulada en el artículo 9 de la ley 20.393. Para que nazca esta facultad del tribunal es necesario que la persona jurídica haya sido condenada dentro de los 5 años anteriores por el mismo delito.

En concordancia con los cambios incorporados y directamente vinculados con el delito de receptación, la agenda corta anti-delincuencia en su artículo 13 contempla una serie de obligaciones específicas tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas que desarrollen actividades comerciales o de reparación de bienes nuevos o usados. Entre ellas, llevar un registro documental e información sobre su adquisición y procedencia a efecto de acreditar su dominio, posesión o legítima tenencia. Además, deberán cumplir con esta obligación quienes administren o tengan a su custodia recintos destinados al bodegaje o almacenamiento. Por otra parte, tratándose de bienes usados será obligatorio llevar un libro de actas de procedencia con los requisitos establecidos en la ley y demás formalidades que establezca el reglamento respectivo.

A estas nuevas obligaciones se incorpora además la función de fiscalización en el cumplimiento de esas obligaciones por funcionarios policiales a quienes se les faculta para cotejar dichos registros y exigir los documentos mencionados e incluso podrán dar aviso al Fiscal en caso que la persona natural o jurídica fiscalizada se niegue o incumpla con estas obligaciones.

• Impactos de las modificaciones en los modelos de prevención

Es obvio que quienes realizan actos de comercialización y/o de reparación de bienes muebles deben ajustar su modelo de prevención a las nuevas exigencias impuestas. En primer lugar, porque los riesgos de comisión de delitos en el seno de la empresa aumentan, y aumentan no sólo por el hecho de incorporarse un nuevo delito base, sino también porque la comisión de ese delito base es más factible al exigirse mayores obligaciones o debidas diligencias al ente fiscalizado, como ha ocurrido. En este sentido, la estructura del modelo de prevención debe ajustarse y, al tenor de los requisitos básicos establecidos por el artículo 4º de la Ley 20.393, deberá otorgarse mayores medios y facultades al encargado de prevención, quien deberá corregir, monitorear, detectar y prevenir la receptación.

En este sentido, sería deseable actualizar los instrumentos laborales, legales, los roles y funciones del encargado de prevención. Por otra parte, las empresas que ya cuenten con un modelo de prevención deberían evaluar si el mismo mantiene eficacia y vigencia con la incorporación de este delito, establecerse nuevas políticas y procedimientos de prevención, complementarios del modelo existente, capacitar al personal de la empresa considerando el análisis del nuevo delito incorporado, dando ejemplos de situaciones de riesgo de comisión del mismo y explicando formas de prevención.

Por otra parte, deberá supervigilarse el cumplimiento de las nuevas obligaciones impuestas por el artículo 13 de la ley de agenda corta anti-delincuencia, en los casos de las empresas que ahí se refieren.

Como correlato de todo lo anterior, se hace necesario establecer buenas prácticas de denuncia de este delito, garantizando el anonimato del denunciante y que estas sean analizadas en forma independiente y confidencial.

Texto completo de la Ley N° 20.393.

Texto completo de la Ley N° 20.931.

Compartir